¿Cuáles son los efectos jurídicos que deja el COVID-19?

¿Qué implica la declaración de pandemia? ¿Hay antecedentes de una situación de excepcionalidad como la que trajo el avance del coronavirus? ¿Qué puede pasar con los contratos laborales y comerciales? ¿Vuelve la teoría del esfuerzo compartido?

Escribe: Miguel Hein

 

Mientras en Argentina se acrecientan los contagios de coronavirus, en distintos estamentos empiezan los interrogantes sobre el tiempo post-COVID-19.

Están en análisis las consecuencias económicas y sociales, que en mucho dependerán de la actividad de que se trate y de la prolongación del aislamiento social.

Directamente relacionadas con aquéllas aparecen las cuestiones jurídicas, un campo intrincado que recorrimos con el abogado Alejandro Ferrari, titular del Estudio Ferrari, Kiel & Asociados (estudio@ferrarikiel.com.ar).

Sin definiciones tajantes -imposibles cuando el foco se pone en una situación en desarrollo y con un actor determinante (el Poder Judicial) paralizado-, las respuestas constituyen directrices orientativas muy útiles para comenzar a pensar cada situación que se avizora.

-¿Qué consecuencias jurídicas acarrea la declaración de pandemia?

#Hasta aquí, dada la parálisis económica –y jurídica- que sufre de hecho el país, las consecuencias aún no se han manifestado. Por el momento, los efectos de muchos vínculos legales –sean contractuales o no- han quedado en una suerte de “stand-by”, al menos hasta que se reanude la actividad judicial en forma regular, y no excepcional, como impera actualmente (semejante a la feria de julio y de enero de cada año). Además, los efectos jurídicos de esta situación de excepción se manifestarán en el mediano y largo plazo.

-¿Es comparable esta situación con alguna otra que haya pasado  Argentina?

#Sí, es comparable a otras crisis que determinaron la declaración de “emergencia económica”. Esto derivó en numerosos fallos de la Corte Suprema que, teniendo en cuenta la situación de excepción, suspendieron los efectos de ciertas leyes y ciertos contratos privados. Es probable que la presente crisis derive en fallos similares, aunque es imposible pronosticar la dirección de los mismos. Ahora bien, más allá de las cuestiones estrictamente jurídicas, sin dudas las futuras decisiones del Alto Tribunal no serán ajenas al contexto político y social que se viva en el país.

-¿Aplica la teoría del esfuerzo compartido surgida por la crisis del 2001 a las situaciones de ruptura de contratos entre privados?

#Podría aplicar perfectamente. Lo que ocurre en Argentina y en el mundo, sin duda dará lugar a numerosos conflictos. En general, las grandes empresas, que no pueden embarcarse en largos, costosos y paralizantes juicios, aguzarán el ingenio para negociar –tal como ha ocurrido en otras crisis globales o muy extendidas- nuevas condiciones contractuales. Conceptos tales como “teoría de la imprevisión” y “excesiva onerosidad sobreviniente”, “fuerza mayor o caso fortuito”, entre otros, y el alcance de los mismos en cada caso, pasarán a ser moneda corriente en las discusiones entre las partes contratantes (art. 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación).


-¿Qué podría pasar con los contratos comerciales?

#O se renegociarán condiciones, o habrá una catarata de juicios. Por eso es importante que, sea por vía de legislación específica o por vía de urgentes pronunciamientos judiciales –en especial de la Corte-, se fijen pautas para aplicar a los contratos en curso, con el mayor grado posible de especificidad en cada caso. Cuando la Justicia retome su actividad normal, se verá sobrecargada por los juicios que ya venían tramitando. Si a eso se le suma una avalancha de nuevos procesos judiciales derivados de la actual crisis, el colapso del sistema judicial no tardará en producirse. Por eso es necesario que aparezcan nuevas pautas –a través de leyes o de fallos judiciales que sirvan de guía- que equilibren del mejor modo posible los serios desajustes que la crisis de la pandemia ha desatado.

-¿La legislación laboral contempla situaciones como las que se están dando en el mundo del trabajo?

#En efecto, el gobierno nacional ha comenzado por atender esta problemática inmediatamente después de declarado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). La Resolución 219 del Ministerio de Trabajo indica que, durante el aislamiento, se seguirán pagando íntegramente las remuneraciones. Si el tipo de actividad admite el trabajo desde la casa, el pago será idéntico al habitual. Si, en cambio, no lo admite, el trabajador percibirá la misma suma, pero el empleador queda eximido de pago de las cargas sociales.  

-¿Hay un camino mejor que el otro para encauzar estas situaciones desde el lado del derecho y la práctica laboral?

#En situaciones extremas como la presente es cuando se justifica la adopción de medidas extraordinarias. El gobierno nacional ha elegido el camino de proteger a la parte más débil de la relación, no habilitando, de forma extraordinaria, suspensiones o despidos por fuerza mayor, sino alentando, por el contrario, la continuidad de los contratos. Pero esta decisión debe ser necesariamente limitada en el tiempo. Por ahora, rige hasta el 31 de marzo. Habrá que ver si se prorroga el ASPO, y en tal caso, cuáles de las medidas de emergencia que lo acompañan hasta ahora se prorrogan, se modifican o se anulan.

-¿Hay algún sector que pueda reclamar derechos adquiridos o todo es materia opinable?

#Si en materia jurídica lo opinable suele ser la regla, hoy, en el marco de esta crisis inequívocamente excepcional, con más razón lo es. Y seguramente ningún sector quedará a salvo de que incluso sus derechos adquiridos sean cuestionados.  La excepcionalidad de la situación imperante, puede entenderse, justifica el apartamiento de las reglas jurídicas que habitualmente nos rigen. 

-¿Qué elementos debe colectar quien quiera renegociar un contrato o caiga en el incumplimiento de alguno?

#Obviamente, la emergencia que vive el país –y el mundo-, producto de la pandemia de COVID 19, constituye un hecho público y notorio que, como tal, no necesita ser probado. Ahora bien, no todos los incumplimientos contractuales serán justificados por esta novedosa y crítica situación. En este caso, los antecedentes previos a la crisis –cumplimiento regular de contratos, oportunidad de la mora parcial o total en el cumplimiento, etc.- serán elementos de peso a la hora de evaluarse y discriminarse el real origen de cada incumplimiento.

-¿Qué puede pasar con los contratos de trabajo?

#También en el ámbito laboral debe evaluarse si el incumplimiento en que una parte pudiera incurrir tiene realmente origen en la situación de emergencia, con lo cual tenderá a estar justificado, a diferencia del simple incumplimiento, que acarreará sus consecuencias jurídicas desfavorables. Por otra parte, en materia laboral, la normativa de emergencia es profusa ya y lo será más con el correr de los días. Hay que estar atento a las normas que vayan apareciendo, para saber cómo manejarse en cada caso.

TAGS | Coronavirus, COVID-19, Pandemia, Contratos, Corte Suprema

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